Las empresas de medicina prepaga aseguran que no podrán enfrentar el 2021 sin aumentos ni apoyo del Gobierno

El sistema de salud privado recibió con la mayor de las preocupaciones la sorpresiva suspensión de los aumentos de 7% en las tarifas que en una primera instancia les habían autorizado a cobrar a partir de febrero. La suba en las cuotas, avalada en el Boletín Oficial de la mañana del 31 de diciembre, quedó suspendida horas después con una publicación especial, al filo de los festejos por el Año Nuevo. Es el segundo ajuste en las cuotas que queda stand by: a principio de mes las compañías ya habían atravesado una situación similar.

En el sector temen estar frente a un intento del Gobierno por reformar el sistema de salud luego de dichos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto a la necesidad de hacerlo más “eficiente” y estas marchas atrás que van en contra de lo que predica el ministro de Salud, Ginés Gonzáles García, al menos cuando se sienta con empresarios de la salud.

Ayer, 1° de enero, no hubo feriado para los dirigentes sectoriales, quienes compartieron su enojo y su estupor por una medida que, aseguran, afecta a uno de los servicios que mejor funcionan en la Argentina, elegido por presidentes y dirigentes políticos cada vez que deben atender una cuestión de salud.

Alertaban además que este año tendrán serias dificultades para pagar salarios. Más aún después de un 2020 muy complejo en el que los servicios más rentables se detuvieron por la pandemia y sólo las prestaciones más urgentes asociadas a la lucha contra el covid-19 estuvieron activas. Los empresarios afirman que sus compañías se mantuvieron a flote gracias a las inyecciones de dinero público que supusieron el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y otras transferencias.

La situación del sector

En los últimos años, los aumentos autorizados para las cuotas de las empresas de medicina prepaga, reguladas desde 2012, fueron en línea con la inflación. En 2019, estuvieron por encima con 8 aumentos y un porcentaje anual de 60,7 por ciento. Pero a lo largo de 2020, las compañías de medicina prepaga tuvieron un solo aumento autorizado, del 10%, que se aplicó a partir de diciembre y que está lejos del 36% de inflación anual que estiman las consultoras privadas.

También hubo marchas y contramarchas con ese aumento: a las empresas se les había anunciado que se habilitaría un 15% para diciembre de 2020 y otro 10% para febrero de 2021, pero el Poder Ejecutivo ordenó retrotraer la medida una vez que había sido comunicada y publicada.

Finalmente, en el último día de 2020 y a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno otorgó un aumento de 7% a partir del 1° de febrero de 2021. Apenas unas horas después, todo quedó en la nada. Por la tarde, en una edición especial del Boletín Oficial, el incremento fue suspendido “por expresa decisión” del presidente Alberto Fernández.

Fuentes de las principales empresas manifestaron que toda la situación fue “sorpresiva e insólita” y la atribuyeron a una interna entre los funcionarios del ministerio de Salud y el Instituto Patria, el think tank de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Durante 2020, el Gobierno puso en dos oportunidades el foco sobre la necesidad de reformular el sector privado de la salud. En abril, al comienzo de la pandemia, el ministro de Salud, Ginés González García había anunciado que a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) se declararía de interés público todo los recursos sanitarios de la Argentina. “No vamos a discutir propiedad. Podrá ser estatal o privado, pero creemos que tiene que tener un comportamiento igualitario para todos los argentinos”, sostuvo el ministro de Salud.

Oficialmente, la idea era que el Estado pudiera disponer de los recursos hospitalarios del sistema privado en el marco de la pandemia, pero desde el sector empresario manifestaron su disconformidad porque entendieron que se trataba de un avance para una posible estatización del sistema. Luego de una reunión entre el ministro y los principales empresarios, la medida quedó descartada.

En las últimas semanas, fue la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner la que volvió a plantear cambios, cuando manifestó que uno de los desafíos de 2021 es “repensar” todo el sistema de salud.

“Nuestro país debe ser en toda Latinoamérica el que más recursos humanos, tecnológicos e inversiones tenga en materia de salud. Lo que pasa es que lo tenemos dividido en tres sistemas: público, privado y obras sociales. Vamos a tener que repensar un sistema de salud integrado”, señaló. “Tenemos que repensar no solamente el sistema sanitario, sino un diseño de país que olvide esa concentración tan injusta e ineficiente económicamente”, dijo.

Luego de un único aumento del 10% en 2020, los precios de los planes para un grupo familiar de un matrimonio con dos hijos oscilan entre $11.400 mensuales y los $23.000 (premium), de acuerdo a la plataforma Elegimejor, que compara los precios de más de 50 planes de medicina prepaga. Para una persona soltera y joven, el plan económico sería de unos $3.200 y el premium, de $7.500.

“Desde la sanción de la ley 26.682 sancionada en mayo de 2011 y votada por todos los partidos políticos, la medicina prepaga nunca aumentó. Siempre sus incrementos estuvieron regulados por el Estado a través de las Secretarías de Comercio y Superintendencias de Servicios de Salud de turno. El sector recibió solo incrementos inflacionarios y nunca sus reales incrementos de costos”, explicó en una columna publicada en diciembre en Infobae Jorge Aufiero, fundador y director de Medicus. Según el empresario, el desfasaje actual de los costos ronda el 54 por ciento.

“El incremento de costos y precios en servicios de Salud ha sido definido como supra inflacionario. Esto significa que los costos de esta actividad esencial exceden los de la inflación general de la economía. Esto se observa tanto en el Hemisferio Norte como el Sur, y en economías estables con bajos índices anuales de inflación, como así también en países con inflaciones alta”, agregó Aufiero, que también es profesor Consulto-Senior Scholar de Duke University. El informe Global Medical Trends publicado en 2019 por Willis Tower Watson indica que, a nivel global, el incremento de los costos de servicios de Salud aumenta por encima de los índices de precios al consumidor en una relación promedio de 2 a 1, con un incremento interanual ponderado general de 7,6 por ciento.

“Cualquier bien o servicio tiene un costo de producción y un margen de explotación. Cuando el Estado fija un precio por debajo del costo de producción, se supone que debe compensar con un subsidio a ese sector que, de otra forma, se muere. Más en el caso de las empresas de salud, donde los contratos con los usuarios son de por vida y no se pueden rescindir. Es razonable que el Estado regule, pero no es razonable que no le permita a las empresas mantener su ecuación económica”, señaló Ricardo Lilloy, presidente de la Cámara de Empresas de Medicina Privada (Cempra).

Desde el Gobierno argumentan que este año, las empresas de medicina privada recibieron ayudas por unos $100.000 millones por asistencias fiscales y el programa ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción). Sin embargo, esas ayudas no estarán vigentes durante 2021. “Lo más grave no es que no se dé un aumento. Es que ese auxilio que recibían las empresas, va a desaparecer. Esas ayudas, además, no fueron al sector de forma homogénea y la mayor parte fue para los prestadores. El no incremento de las cuotas va a poner más en evidencia la pérdida de sustentabilidad del sistema en un contexto donde los casos de coronavirus están en aumento”, agregó Lilloy.

Además de las empresas de medicina prepaga, la salud privada está compuesta por clínicas, sanatorios, hospitales privados, laboratorios de análisis clínicos, entidades de diagnóstico y tratamiento médico ambulatorias, empresas de emergencias médicas, empresas de internación domiciliaria, diálisis, clínicas de salud mental y establecimientos geriátricos.

Estas empresas atraviesan una situación crítica que atribuyen a los aumento de costos como consecuencia de la pandemia, ingresos congelados y la decisión del Gobierno de finalizar el plan de ayuda a través del ATP a partir del 31 de diciembre de 2020.

“Los prestadores de salud deben afrontar altos costos en dólares de insumos médicos e infraestructura, además de una fuerte presión tributaria, por la que, por cada $10 que ingresan, el sector paga $4 de impuestos”, detallaron desde la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Las prepagas representan para los prestadores de salud entre el 15% y 17% de su facturación según fuentes del sector. Los grandes tomadores de estos servicios son, entre otros, el PAMI y las obras sociales sindicales. “La asistencia a los prestadores es un tema que merece una respuesta. Se pone en el tapete cómo se va a sustentar la red privada que es la más importante que tiene el país”, indicó Lilloy.

A este escenario se suma la situación de los médicos y profesionales de la salud. “Estábamos mal y nos damos cuenta que siempre se puede estar peor, esa la verdad”, señaló Jorge Iapichino, secretario de la Confederación Médica de la República Argentina (Comra). “Desde lo salarial, nuestros aumentos han sido escasos, no llegan ni al mitad de la inflación, tanto en el sistema público como en el privado, en todas las jurisdicciones”.

Los médicos sienten “frustración” por el escenario será aún más grave. “Si nuestros empleadores y los financiadores no tienen ese 7%, los médicos tampoco lo vamos a tener. Somos la variable de ajuste. Nuestro reclamo no es visible, y es muy difícil tomar medidas de fuerza en la pandemia”, agrego el secretario de Comra.

“El sistema esta desfinanciado. Y a partir de enero se suspenden los ATP, por lo que los prestadores tampoco van a tener esa herramienta. El ministerio de Salud había entendido que ese 7% era imprescindible. Pero es evidente que la política económica está por encima”, dijo Iapichino, quien aseguró que hay médicos que ganan salarios por debajo de la línea de la pobreza.

El sistema de salud al que recurren los funcionarios

Uno de los comentarios más recurrentes que se escuchaba ayer entre los ejecutivos del sector es que el Gobierno dice privilegiar al sistema público de salud pero no lo utiliza.

De acuerdo con los datos de las empresas, el 70% de la población se atiende en el sistema privado de salud, que incluye empresas de medicina prepaga y obras sociales, lo que representa un total de cerca de 30 millones de personas. Solo el 30% utiliza el sistema de hospitales públicos.

De ese 70%, en la porción que utilizan los servicios de medicina prepaga que son considerados los de más alta gama se incluye a la mayoría de los funcionarios, desde presidentes y ex mandatarios, y hasta los referentes de los movimientos sociales.

Por ejemplo, en mayo de 2020, Ginés González García se atendió en el Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires por un hematoma subdural. En julio, Luis D’Elía -referente kirchnerista y líder de la Federación de Tierra y Vivienda- dio positivo de coronavirus y se internó en ese mismo sanatorio, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

El presidente Alberto Fernández también optó por el Sanatorio Otamendi cuando era candidato a presidente y debió ser internado para un control médico, donde se le detectó un cuadro de “inflamación pleural”.

Por caso, también Mauricio Macri recurrió a los servicios del sistema privado de salud en 2017, cuando ejercía como presidente, para una operación de rodilla que se realizó en el Sanatorio Agote.

En tanto, Cristina Fernández de Kirchner eligió al Hospital Austral de Pilar para su operación de tiroides en enero de 2012 y el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro para una intervención por un hematoma subdural crónico en 2013. Un año antes, su hijo, el diputado Máximo Kirchner también se operó en el Hospital Austral por una problema en una de sus rodillas.

En 2004, un año después de asumir como presidente, Néstor Kirchner creó la Unidad de Atención Presidencial (UAP) en el hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, el centro público de mayor complejidad del país situado en el barrio de La Boca. Sin embargo, el ex presidente la utilizó solo una vez. Las dos intervenciones cardiovasculares de Kirchner en febrero y septiembre de 2010 —por la obstrucción de la carótida derecha primero y para la colocarle un stent después— se realizaron en el sanatorio privado Los Arcos.

Como se quejaba un empresario ayer luego de conocerse la marcha atrás con la autorización de aumentos: “Son unos 2 millones los usuarios de medicina prepaga, son los que reciben la atención de más alta calidad y los que tienen regulados los ingresos, porque la sobras sociales actualizan con las paritarias. Es como querer regular los precios de business en las líneas aéreas en lugar de abaratar la clase turista”.

La reacción empresaria

La novedad de la segunda marcha atrás para una aumento de las tarifas del sector en menos de un mes juntó posiciones en una industria en la que los distintos eslabones de la cadena suelen mirarse con desconfianza en el tironeo por costos e ingresos.

Prestadores, proveedores y financiadores -más las prepagas que las obras sociales- cancelaron vacaciones y viajes de fin de año para empezar con reuniones en las que se busca fijar una posición común para presentar al Gobierno.

El lunes 4 ya está previsto un encuentro de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) ante lo que, prevén, será la negativa de las prepagas de concederles aumentos a los servicios que les prestan luego de las marchas y contramarchas oficiales.

“Durante 2020 no tuvimos aumento de ningún tipo, sobrevivimos a gatas por el apoyo que el Gobierno a toda la economía, como el ATP”, dijo Jorge Cherro, presidente de ADECRA (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina).

“La verdad es que este año se retira el apoyo del Gobierno y es como el dicho de Bonavena: ni el banquito nos dejan para salir a pelear con la pandemia. En diciembre se otorgó un bono de $7.000 al básico de los trabajadores que se incorpora al sueldo en los próximos meses y en agosto tenemos que revisar por cláusula de ajuste si hay que hacer un aumento más a los salarios. Pero no vamos a poder hacer frente a las obligaciones salariales en estas condiciones”, agregó Cherro.

Entre los financiadores, mientras tanto, reinaba ayer el “estupor”. Así como los teléfonos no paraban de sonar a pesar del feriado de año nuevo, las reuniones para negociar una solución empezaron de inmediato.

“El sector está preocupado, en estado de estupor, porque por segunda vez en menos de un mes dan marcha atrás una resolución del Ministerio de Salud. Es una muestra muy fuerte de que las decisiones salen de otro lado”, dijo un ejecutivo de una prepaga.